Dentro del marco de las actividades del Máster en Diplomacia y Función Pública Internacional, tuvimos la oportunidad de recibir a David W. Murray, codirector del Centro de Investigación de Políticas sobre Abuso de Sustancias del Instituto Hudson, que nos explicó el enfoque de Estados Unidos en relación al tráfico de drogas.
El Sr. Murray comenzó su disertación analizando las políticas sobre drogas que han sido aplicadas por las diferentes administraciones a través de los años, mostrando que el apoyo de Estados Unidos al control de drogas y a los tratados anti-tráfico ha sido desigual.
Sin duda alguna, el control de drogas en Estados Unidos es uno de los principales frentes abiertos del gobierno: Sin necesidad de ir más lejos, en 2017 más de 70.000 norteamericanos murieron por el consumo de cocaína, heroína o marihuana. En este escenario, el fenómeno principal es que cada expresidente implementó sus propias políticas y medidas, comenzando el proyecto completamente de nuevo, en lugar de otorgar a la comunidad un proyecto común en aras de obtener resultados remarcables.
Murray puntualizó que la información es un elemento clave para desarrollar y establecer políticas eficientes sobre las drogas, dado que en Estados Unidos de América se han invertido de forma ineficiente elevadas cantidades de dinero público.
También ha mencionado que es extremadamente laborioso coordinar este tipo de políticas, en tanto que cada institución dispone de sus propios objetivos e intereses, y ello dificulta la búsqueda de un objetivo común. Aun así, dado que la Agencia Central controla los presupuestos de cada uno de los estados en el control de drogas, parece que este problema ha comenzado a diluirse.
Con respecto a la reciente legalización de la marihuana en diferentes estados de Estados Unidos, desde este punto de vista, parece no ser el camino adecuado para llegar a una solución. Las consecuencias de la legalización o la descriminalización de las drogas dañan las naciones que han sido seducidas con las perspectivas de distribución de drogas sancionadas por el gobierno, o por promesas de ingresos fiscales. La experiencia ha mostrado que donde las drogas son legalizadas, no solamente incrementa bruscamente su consumo, sino que también continua en la operación de mercados negros criminales.
Nuestro invitado también mencionó la inefectividad de algunos de los tratamientos seguidos por Estados Unidos y Holanda, con el objetivo de la rehabilitación de los drogadictos. En lugar de un nuevo comienzo y de libertad, estos programas sirven a un cliente dependiente, incluso subyugado, adicto casi en perpetuidad, recibiendo opiáceos como tratamiento continuo, convirtiéndose así en candidatos para los beneficios de los “servicios de recuperación”. Este retrato no es una medida para la liberación de la adicción, sino más bien constituye y expande la dependencia. Este tipo de política no detendrá la situación actual, solamente destrozará más vidas. Este tipo de respuestas no se direccionan a las causas, que son encontradas en el creciente suplemento, disponibilidad y aceptabilidad de estos narcóticos en nuestras comunidades.
El ponente recalca que es urgente construir un régimen internacional para regular esta situación, dado que las naciones no pueden enfrentarse solas a un desafío global de estas dimensiones. En los países productores de drogas como Colombia, Méjico, Venezuela o Afganistán, los traficantes proveen armas, fondos y otros materiales de apoyo a las insurgencias a cambio de la protección de las rutas comerciales de la droga, los campos de cultivos, los laboratorios, y las organizaciones de traficantes. Esto genera ingresos al gravar las drogas traficadas a través de las áreas que controlan… el comercio de narcóticos socava la gobernabilidad y el estado de derecho del país.
En resumen, tolerando el mercado de la droga se vuelve imposible conseguir los intereses americanos y crear, para los países productores de droga, algo más que un estado bajo el control de narcoterroristas. Y lo que es más relevante, es que la población necesita ser protegida de los terroristas, los “señores de la droga”, y los funcionarios corruptos que favorecen el cultivo.
Se debe dar prioridad a acuerdos internacionales para solventar esta amenaza global, dado que la mejor vía para prevenir es crear dificultades en el acceso al mercado de la droga. Existe una necesidad urgente de una respuesta internacional a la situación actual, que debería ser exhaustiva a través de avisos sobre las drogas a través de las administraciones políticas, y dar prioridad a las políticas sobre salud pública, justicia criminal y seguridad nacional.
¿Cuánto tiempo debe pasar hasta que la comunidad internacional confronte las causas reales? Hasta que lo hagan, los ciudadanos de todo el mundo continuarán pagando un precio mortal.
Relatoría elaborada por Mariona Espín Onieva
Estudiante del Master en Diplomacia y Función Pública Internacional
E-Secretaria
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